Gobierno admite carácter vinculante del informe de la CIDH sobre el caso terrorismo

El ministro de Justicia admitió este lunes que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso terrorismo es vinculante para el Estado boliviano y dejó en manos de la Fiscalía General del Estado cualquier acción penal contra los responsables.

“Hace más de 13 años suceden los hechos y la CIDH se toma un tiempo bastante largo para todas las evaluaciones que realiza. La naturaleza jurídica del informe final es algo que pasa en muy pocos casos, una vez que se presenta una denuncia -hay decenas presentadas por bolivianos y miles por ciudadanos latinoamericanos- se inicia un proceso muy complejo y largo, que concluye con un informe final. Los informes finales se dan en muy pocos casos y tienen una característica de vinculatoriedad para los estados que conforman y suscriben el Pacto de San José”, dijo Lima a El Deber.

Lima dijo que se debe respetar la reserva y confidencialidad sobre el caso, y “debe ser evaluado con la característica de vinculante al Gobierno del Estado Plurinacional”, ratificando que el Fiscal General decide si se abre o no un proceso penal por esos hechos al interior del país.

“Las cuatro recomendaciones, el informe en si mismo, tienen dos caminos: un acuerdo con los peticionarios y la posibilidad de ir ante la Corte a discutir con la comisión el alcance de su informe, son los dos elementos que pueden darse, solo hay dos caminos posibles, un acuerdo entre los peticionarios o que el caso vaya a la Corte Interamericana”, dijo el ministro.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se filtró da cuenta de que durante el gobierno de Morales se violaron derechos humanos fundamentales como la vida durante el operativo realizado en el hotel Las Américas de Santa Cruz en 2009.

El objetivo del operativo, ordenado por el entonces Mandatario, fue desarticular a una supuesta banda terrorista-separatista.

El saldo, tres extranjeros asesinados y dos detenidos, quienes fueron sometidos a torturas sistemáticas para que se inculpen, según consta en el documento revelado.

Los muertos fueron acribillados en lo que la CIDH considera «ejecuciones extrajudiciales» y descarta el «cruce de fuego» como sostuvieron entonces las autoridades de turno.

//Los Tiempos

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